Muy pocas personas se ven en las calles de las ciudades colombianas. Ya pasó un mes desde que el presidente Iván Duque impartió la orden de cuarentena obligatoria y los recursos destinados a la emergencia hasta ahora suman 28,8 billones de pesos.
Cabe anotar que el 87 por ciento de estos han sido obtenidos con deuda, incluyendo préstamos internos a los fondos de ahorro FAE y Fonpet, y una inversión forzosa a la que fue llevado el sector financiero, en títulos que tendrán que pagarse.
La estrategia global ha sido la de atender con rapidez la emergencia sanitaria y la crisis humanitaria que supone el encerramiento de millones de colombianos, muchos de ellos trabajadores informales que quedaron en el aire. A medida que se atiende lo urgente también se debe abordar la secuencia de necesidades que exige la semiparálisis de la productividad de los distintos sectores de la economía, que no tardaron en levantar la mano para expresar que, al no producir ni obtener ingresos, tampoco tenían para pagar las nóminas de los empleados, con lo cual, quedaba en peligro la sostenibilidad del empleo.
Abordar toda esa complejidad de aristas de la emergencia es lo que demanda del Estado un grueso músculo financiero cuyo engranaje recae sobre el Ministerio de Hacienda.
Fue así como, tras un mes de cuarentena, el Congreso de la República le hizo al
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un exhaustivo interrogatorio que el funcionario respondió en más de cien páginas en las cuales expuso las cuentas que, por demás, son el desarrollo de más de 70 decretos expedidos por el Presidente en el ejercicio de sus facultades extraordinarias.
En primer lugar, el tema sanitario se lleva 7,1 billones de pesos, teniendo en cuenta que se requiere adquirir pruebas diagnósticas, fortalecer unidades de cuidados intensivos, instalar nuevos centros de atención hospitalaria y acelerar los pagos a las IPS y EPS para garantizar que sigan atendiendo, lo que ya venía en camino antes de la pandemia, a través del llamado acuerdo de punto final.
Apoyo social
De la experiencia en otros países se tuvo la certeza de que, si para enfrentar el coronavirus la principal arma es el aislamiento social, nadie podría pasar hambre. Por ello, para el frente humanitario se han dispuesto 4,1 billones de pesos. En este rubro entran las transferencias extraordinarias a los colombianos más vulnerables que están inscritos en los programas Familias en Acción (2’660.236 hogares), Colombia Mayor (1’680.535 adultos mayores), Jóvenes en Acción (204.309 personas), y el ingreso solidario, dirigido a los colombianos que no son beneficiarios de ningún programa social del Estado y que llegará a 3’000.000 de familias.
El otro programa de ayudas: la devolución del IVA, si bien ya estaba previsto, la pandemia aceleró su aplicación y también condujo a que se llegara de una vez a 1’000.000 de familias en este año, de los 2’000.000 que se beneficiarán en total.
De 880.000 servidores que constituyen el universo de la nómina pública involucrada, solo 24.000 estaríamos en los rangos que menciona el impuesto
El fondeo de estas exigencias, que también incluyen la inyección al Fondo Nacional de Garantías, con 3,2 billones de pesos, para que pueda respaldar los créditos de riesgo que están adquiriendo las empresas para solventar sus necesidades, entre ellas el pago de nómina, tiene distintas fuentes.
Según sostuvo Carrasquilla en el Congreso, una de las primeras decisiones para disponer de recursos urgentes fue la de acudir a 15,1 billones de pesos, en calidad de préstamo, de los fondos que hay guardados en el Fonpet (de los ahorros para pagar pensiones territoriales) y de los del FAE (Fondo de Ahorro y Estabilización). Otros 9,8 billones provienen de lo que el ministro explicó como “inversión forzosa al sistema financiero”, que afecta los dineros que tienen en depósitos de largo plazo, como CDT y otros depósitos que están allí quietos. Claro está, estos fueron tomados a través de títulos, por lo cual, también constituyen deuda.
Otra fuente de financiación de la que hizo uso el Gobierno fue el llamado impuesto solidario, que recae sobre los salarios del Estado por encima de 10 millones de pesos y, según las cifras precisadas por el ministro, aportará 395.400 millones de pesos. “De 880.000 servidores que constituyen el universo de la nómina pública involucrada, solo 24.000 estaríamos en los rangos que menciona el impuesto”, indicó el funcionario en la plenaria del Congreso.
El impuesto, según lo establecido en los decretos, se aplicará por 3 meses y también recae sobre las mesadas pensionales altas. El argumento es que “los servidores públicos, por lo menos en los siguientes meses, tienen cierta certeza en sus ingresos, cierta estabilidad”.
Deterioro fiscal
Uno de los énfasis en las cuentas relacionadas con la pandemia que hizo el ministro es el que se refiere a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien se trata de 10.800 millones de dólares, es un cupo (igual al que la banca tradicional le ofrece con frecuencia a sus usuarios). La disponibilidad de la línea de crédito flexible se vence en mayo y el Gobierno solicitó la renovación. Por supuesto, si esta emergencia así lo amerita, que es lo más probable, podrán utilizarse en las necesidades que están por venir en cascada.
Sobre todo, porque el balance fiscal de la Nación, al igual que sucede en la actualidad en todos los países del mundo, no es el mejor. El decrecimiento de la economía se ha estimado en un rango de -2 a -3 por ciento, si se toman en cuenta las distintas apuestas. La media marcha de algunos sectores productivos y la parálisis de otros llevarán a una reducción en el pago de impuestos. De hecho, el Gobierno tomó decisiones de aplazamiento del calendario tributario para ayudar a las empresas a tener caja, pues muchas alegaban que era “pagar impuestos o cumplir con el pago a sus trabajadores”. Solo para dar un ejemplo, las actividades artísticas y de entretenimiento caerán en 19,2 puntos porcentuales, según estima el ministerio.
Hasta el momento, los cálculos indican que los ingresos tributarios retroceden en unos 8,1 billones de pesos y los intereses de deuda pública se incrementan en 1,9 billones de pesos, por las diferencias que hace una tasa de cambio más alta. “El balance fiscal tiene ya un deterioro del 0,9 por ciento del PIB”, indicó el ministro.
No obstante, la prioridad tendrá que ser continuar haciendo el gasto requerido para proteger y salvar vidas.